En una decisión publicada el 28 de abril pasado, el Consejo de la Unión Europea adoptó un nuevo marco de sanciones para las personas responsables de apoyar o ejecutar acciones o políticas que menoscaben o amenacen la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad o la seguridad del país, y a las personas, entidades u organismos asociados con ellas.
Las medidas restrictivas incluyen la prohibición de entrada y tránsito por los Estados miembros de la Unión y la inmovilización de fondos.
Por el momento, no existe un listado de afectados, sino que la decisión indica que corresponde al propio Consejo, actuando por unanimidad y a propuesta de un Estado miembro o del Alto Representante, decidir sobre quienes serán las personas físicas y jurídicas que se verán alcanzadas por las sanciones.
Contexto de las nuevas sanciones de la Unión Europea
El pasado junio el Consejo Europeo concedió el estatuto de país candidato a ingresar a la Unión Europea a la República de Moldavia. El país de Europa del Este sufre constantes presiones por parte de Rusia, que incluyen el apoyo militar y político de Moscú al gobierno separatista de Transnistria, una región limítrofe con Ucrania que Moldavia reclama como propia.
En los últimos meses, Moldavia denunció ataques desestabilizadores por parte de Rusia, que inclusive incluirían un intento de golpe de estado para imponer una administración pro-Rusia.
En este sentido, este nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea puede verse como una extensión de las sanciones impuestas a miembros del gobierno de Moscú, oligarcas y empresas rusas luego de la invasión a Ucrania en febrero de 2022.
Anuncio de un nuevo régimen de sanciones anticorrupción
Son días agitados en materia de sanciones de la Unión Europea. Sumado a este nuevo paquete de sanciones relacionado con Moldavia, el Alto Representante -con el respaldo de la Comisión Europea- presentó en el día de hoy una propuesta para un nuevo régimen de sanciones anticorrupción que permita a la UE «atacar los actos graves de corrupción en todo el mundo, sin importar dónde ocurran«.