En el día de ayer la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el proyecto de reforma integral de la normativa en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El proyecto, que cuenta con el respaldo de la Unidad de Información Financiera de la Argentina, supone una reforma y actualización integral del sistema normativo en materia de PBC/FT, luego de la última gran modificación hace más de 11 años.
A afectos de que el proyecto se transforme en ley, resta la aprobación del Senado y su posterior promulgación por el Poder Ejecutivo.
Principales aspectos del proyecto
Según informó la UIF, la reforma gira en torno a cinco grandes ejes: modificaciones al Código Penal, la reforma de la Ley 25.246, la creación de un Registro de Beneficiarios Finales (en consonancia con los últimos avances en materia a nivel internacional), la incorporación de un mecanismo de control parlamentario y la creación de un Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
Entre los aspectos más destacados del proyecto figura el aumento de la condición objetiva de punibilidad prevista para el tipo penal común del lavado de activos.
Recordemos que el tipo penal de lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal argentino, sólo comprende aquellos casos en que el monto blanqueado supera los $300.000 pesos argentinos (aproximadamente $705.00 dólares estadounidenses al tipo de cambio «no oficial»), aplicándose un tipo penal atenuado para los casos de lavado que no superen dicha suma.
Desde que se modificó el tipo penal por última vez hasta el día de hoy la inflación acumulada en la Argentina supera el 2.000%, lo que ha desvirtuado totalmente el fin último de la condición objetiva de punibilidad.
El aumento de la condición objetiva de punibilidad se lograría mediante la implementación de una unidad de medida basada en el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Más concretamente, sería el equivalente a 150 SMVM; aproximadamente 12 millones de pesos argentinos o alrededor de 30.000 dólares estadounidenses al tipo de cambio «no oficial». De esta manera, la condición objetiva de punibilidad se actualizaría automáticamente a un ritmo similar al de la inflación.
Fuertes críticas por parte del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica
En una extensa carta dirigida a la Presidenta de la Cámara de Diputados, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, representado por su presidente, el reconocido jurista Alberto Binder, expresó fuertes críticas al proyecto de reforma de la normativa de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Las críticas abarcan numerosos aspectos de la reforma, aunque dos de ellas resultan poderosamente preocupantes.
Podría generarse el cierre de cientos de investigaciones por lavado de activos actualmente en curso
La primera crítica expone el riesgo de que, so pretexto de prevenir la financiación del terrorismo, se someta a las organizaciones sin fines de lucro a un intenso monitoreo financiero por parte de los organismos y autoridades públicas «que determine la reglamentación«. De este modo, queda a libre arbitrio del Poder Ejecutivo definir cuál será el organismo encargado de aplicar fuertes controles sobre organizaciones que muchas veces cumplen fines sociales, contrarios a los intereses del poder de turno.
Por otra parte, la misiva expone los efectos adversos que tendría el aumento de la cláusula objetiva de punibilidad. Así, por aplicación del principio de aplicación de la ley penal más benigna, podría generarse el cierre masivo de cientos de casos de lavado de activos actualmente bajo investigación, pero cuyo monto blanqueado no supera la suma de 150 Salarios Mínimos Vitales y Móviles, aún cuando los hechos hubieran sido cometidos años atrás.
La solución propuesta por el CIPCE es eliminar la condición objetiva de punibilidad y, en su lugar, incluir en el tipo penal una cláusula de disposición de la acción penal, que permita a los Fiscales no impulsar la acción penal cuando el monto blanqueado no supere determinado valor y no se encuentre comprometido el interés público.
